Peña Nieto podría estar en la mira de la CIDH por abuso sexual a mujeres en Atenco

“Ellos robaron de mí, mi forma de ser, de amar, de sentir. Antes era tierna y dulce, después de eso, me volví fría y distante”, dijo Patricia Torres Linares, una de las 23 mujeres violadas durante los disturbios de San Salvador Atenco en el Estado de México en 2006, cuando gobernaba Enrique Peña Nieto.

En 2012, un candidato a la presidencia intimidado por estudiantes de 18 a 22 años de edad, exclamó frente al auditorio de la Universidad Iberoamericana: “asumo plena responsabilidad por lo sucedido en Atenco. Los responsables fueron consignados ante el Poder Judicial, pero reitero: fue una acción determinada para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de usar la fuerza pública”, fueron las palabras del ahora presidente Enrique Peña Nieto.

¿QUÉ PASÓ?

Es 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco, ocho floricultores se vieron impedidos de levantar sus puestos en la banqueta del mercado local por la policía municipal, por lo que intervinieron miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco.

Este frente surgió en 2001 cuando Vicente Fox anunció la construcción de un aeropuerto en Texcoco que tomaría propiedades y ejidos de pobladores en ese municipio del Estado de México. El gobierno entonces argumentó que estos predios serían comprados a 4,375 familias desde 7.20 pesos el metrocuadrado.

Volviendo a 2006, la situación entre ejidatarios y un operativo policiaco que incluyó a tres mil elementos se tornó violenta y de repente se lanzaron gases lacrimógenos, se implementaron redadas y cateos a viviendas que incluían golpizas, aprehensiones de los habitantes y encarcelamientos.

Sin embargo, también se registraron casos de ataques a mujeres por parte de los agentes policiacos, de los cuales 11 fue por violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual (como obligarlas a practicarles sexo oral y penetrarlas con objetos metálicos) y de violación sexual en caso de siete de ellas, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Fui detenida en una casa particular en San Salvador Atenco, allanada por la Policía Federal Preventiva, me despojaron de todas mis pertenencias y dinero (…) Yo me encontraba boca abajo, con el rostro cubierto, bajaron mi pantalón hasta los tobillos y mi blusa hasta la cabeza, golpearon con fuerza mis glúteos, gritándome que me violarían y matarían, después un policía me gritó que le dijera ‘vaquero’ y golpeó con más violencia mis glúteos, pero ahora con su tolete, solo paró hasta que escuchó lo que pedía. Enseguida me penetró con sus dedos la vagina y apretó con fuerza mis senos (…) después invitaron a una tercera persona a la cual le llamaron jefe, este último me penetró con un objeto”, es el testimonio de Bárbara Italia Méndez, una de las mujeres por las que la Comisión abrió una investigación en la que el Estado mexicano incumplió con su obligación de investigar estos hechos.

“Venía de mi trabajo sobre la calle Manuel González, cuando vi el camión donde llevaban a los señores y señoras y me quedé parada, ahí me vieron los policías y me dijo uno: ¿qué me ves?, y dijo otro: súbela por pendeja”, narró otra mujer en su testimonio.

Estas mujeres fueron detenidas de manera ilegal, arbitraria y sin ser informadas de su detención ni los cargos respectivos y al rendir su primera declaración, además que no contaban con información mínima ni defensa técnica.

Ellas, entonces fungían como asistentes médicas, estudiantes, documentalistas, periodistas, defensoras de derechos humanos o simplemente eran transeúntes que vieron sus vidas partidas en ese momento y que 10 años después, no han encontrado justicia.

Así, la CIDH estableció que indagará las responsabilidades sin importar el cargo e incluyendo las omisiones que pudieron haber propiciado mayor impunidad en este tema y que podría llegar hasta Peña Nieto.

“Este caso ofrece una oportunidad para que la Corte Interamericana profundice sobre la necesidad de investigar de manera integral todas las posibles responsabilidades, incluidas las derivadas de la cadena de mando, así como las derivadas tanto de las acciones u omisiones que dieron lugar a los hechos en sí mismos y también de las que pudieran haber obstaculizado su esclarecimiento”, dio a conocer, finalmente y en forma de alivio la CIDH.

Con información de VICE

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